En 1865, los terrenos de Salbárcar eran propiedad nacional y estaban
situados entre los pueblos de San Antonio de Senecú y Zaragoza. No tenía fundo legal, ni
zona urbanizada definida y las casas se encontraba diseminadas, el poblado esta delimitado
al norte por el río Bravo, al oriente por pequeñas propiedades y terrenos del ejido de
Zaragoza, al poniente también por propiedades de poca extensión y los terrenos del
pueblo de Senecú y al sur colindaba con los terrenos de la Compañía de Terrenos del
Río Bravo, S. A. y los de Aristarco Carrascoso. En 1930, formaba parte de la sección
municipal de Zaragoza, que pertenecía al municipio de Juárez, distrito Bravos. Antes de
solicitar la formación del ejido existían 48 propietarios que poseían entre 3 y 77
hectáreas, ocupando una extensión total de 839-09-50 en las que se sembraba algodón,
alfalfa, trigo, maíz, jitomate, chile, sandía, melón y vid.[1]
El riego de estos terrenos dependía de la afluencia de agua del río
Bravo. Según el inspector Antonio Dehesa, en su informe de inspección a Salbárcar, se
contaba con agua suficiente para 20 riegos anuales por lo que no habría dificultades con
el abasto de agua. Sin embargo, algunas líneas adelante del mismo documento señala que
“no le fue posible hacer el aforo del canal principal en el tramo concerniente de
Salbárcar-Juárez porque este no llevaba sino un volumen muy reducido de agua en la
época en la que se hizo la visita de inspección”.[2] Evidentemente
estas tierras ya tenían problemas de dotación de agua.
El 14 de abril de 1937, se otorgó la posesión del
ejido Salbárcar a 64 campesinos,[3] la extensión de la superficie total fue de 972
hectáreas, de las cuales sólo 260 eran de riego, 672 de agostadero para usos colectivos
de la población y 40 de terrenos ocupados por canales, drenajes y caminos.[4]
Fueron afectadas 672 hectáreas
propiedad de la Compañía de Terrenos del Río Bravo, S. A. y de Aristarco Carrascoso.[5]
Un grupo de vecinos del poblado no estuvo conforme con
la dotación del ejido por considerar que una parcela de cuatro hectáreas era
insuficiente para satisfacer las necesidades económicas, además de los posibles
problemas que podrían tener con el Banco Nacional de Crédito Ejidal, “ya que en
pago de refacciones [...] el banco recoge las cosechas y las realiza a precios bastante
perjudiciales a sus intereses económicos”. Los vecinos preferían ser colonos que
ejidatarios pero su petición fue negada. 35 personas de ese mismo grupo renunciaron a sus
derechos como ejidatarios e iniciaron un contrato de compra con el doctor estadounidense
Walter R. Weeks, ya que preferían pagar por una propiedad en la cual ellos fuesen los
dueños reales de la tierra y no arriesgarse su expropiación. Los vecinos conocían las
disposiciones legales que podían ejecutar los distintos niveles de gobierno para
confiscarles su tierra,[6] ya anteriormente se había afectado a los propietarios de la Isla de
Córdoba.
