A. Plan Parcial Zona Sur vigente:
establece que el crecimiento de la zona urbana se debe
realizarhacia el sur del municipio de Ciudad Juárez, donde existen mayores posibilidades
de proporcionar servicios e infraestructura a la industria y a la vivienda, a los
desarrollos que se intentan crear en esa zona. El plan unifica a la zona sur con
desarrollo del poniente, donde se ubica un polo de desarrollo que nació a raíz de la
apertura del cruce internacional Santa Teresa-San Jerónimo.
B. Plan
Parcial Zona Sur propuesto: la propuesta urbanística de la actual administración
municipal, se basa en la teoría de matener un crecimiento poblacional paraleo al de El
Paso, Texas, ignorando el sur de la ciudad, cuyo proyecto es considerar esa zona como de
reserva, limitando la construcción de conjuntos habitacionales, comerciales e
industriales. Este nuevo poyecto modifica sustancialmente el fundamento del Plan
Directo Urbano de 1979,1984 y 1989.
II.- El Lote Bravo en los planes de desarollo
En 1978, durante la administración de Manuel Quevedo, Salvador Hurtado vendió 6,912
hectáreas del Lote Bravo a Jaime Bermúdez y Manuel Quevedo; éstas se escrituraron a
nombre de Sergio Bermúdez Espinoza, César Verdes (cuñado de Quevedo) y José Arnoldo
Padilla (hermano de la esposa de Quevedo).
En el lapso de 1977 en que entra en el poder Manuel Quevedo Reyes y 1992 en que Jesús
Macías Delgado termina su período como presidente municipal, tanto Bermúdez como
Quevedo hicieron uso de información privilegiada para hacerse de la mayor parte de
tierras hacia las cuales los Planes de Desarrollo (diseñados por ellos mismos) señalaban
que debería crecer la ciudad en los próximos 30 años.
La adquisición de estas tierras se hizo de la siguiente manera:
- Manuel Quevedo Reyes (1977-80) inició el acaparamiento de 10,000 hectáreas de terrenos
estratégicamente localizados al sur de la ciudad, y equivalentes al 50% de la mancha
urbana total que ocupaba Juárez en esos momentos; luego orientó el crecimiento urbano, a
través del primer Plan Director de Desarrollo, hacia esa zona. Su tesorero y socio en la
compra de terrenos fue Jaime Bermúdez Cuarón.
Es evidente la manipulación que se hace del Plan de Desarrollo de 1979, mismo que en su
capítulo tres señala: "Dirigir el desarrollo hacia el sur primeramente, apoyándolo
en el eje central, y posteriormente hacia el oriente, bordeando la zona agrícola
inmediata al río Bravo, con lo cual se intenta alejar el desarrollo de la zona montañosa
del poniente." La primera parte se cumplió al pie de la letra, no así, el impedir
todo desarrollo en la zona montañosa del poniente. Quevedo dirigió hacia esa zona parte
de la demanda de vivienda popular, para que su ciudad dorada no fuera devorada por las
invasiones, contrariando su propio Plan Director.
- Jaime Bermúdez Cuarón (1986-89) continuó con el acaparamiento: bajo el lema de
"Juárez Nuevo" se privilegiaron las obras e inversiones que favorecían el
Plan. En 1989 se abrió al crecimiento urbano a la extensa zona de Los Alcaldes, Torres
del PRI, Héroes de la Revolución y otras colonias colindantes con sus predios que
surgieron como invasiones bajo el control del ayuntamiento. Todas ellas fueron denominadas
como la región del "Juárez Dorado". Al final de la administración de
Bermúdez se modificó el Plan Director, para ajustarlo a sus fuertes intereses en la zona
sur.
- Jesús Macías Delgado (1989-92), siendo ya candidato a gobernador, pactó alianzas
políticas con el grupo de Quevedo, nombrando a éste su coordinador político. Macías
aprueba el Plan Parcial de la Zona Sur, que abría extensos predios de Quevedo y Bermúdez
al desarrollo urbano, y establecía todo para que se iniciara su equipamiento con cargo al
erario público. Asimismo, concedió a Quevedo y a algunos prestanombres la construcción
de un corredor urbano, bajo el disfraz de un libramiento del kilómetro 20 de la carretera
Panamericana hasta Zaragoza; éste cruzaba sus predios e iniciaba la urbanización.[3]
El Municipio inicia las negociaciones con los propietarios del Lote Bravo en forma
secreta, ya que según declaraciones de Francisco Villarreal, fueron ellos quienes
ofrecieron la donación de los terrenos.
III.- Posición de los
principales actores
Municipio
Por medio del secretario del Ayuntamiento, Abelardo Escobar Prieto, el Municipio ha
señalado que tanto su postura como la del estado es pedir a los empresarios 700
hectáreas como mínimo, y en caso de que se resistan a donar los terrenos requeridos, se
procederá a solicitar el recurso de expropiación.[4]
El municipio no ofrece nada a cambio a los empresarios, más que los beneficios que
recibirán a la larga cuando sea creada la infraestructura y el equipamiento en ese sector
que propiciará el incremento de la plusvalía de sus terrenos.[5]
Empresarios
La postura de los empresarios expresada por su representante, Manuel Quevedo Reyes, es que
no están de acuerdo en dejar sus terrenos a cambio de nada, ya que tres personas no
solucionarán el problema de la vivienda de los próximos 30 años. Para ellos, se trata
de una postura política más que social. La negociación que proponen para ceder las 750
hectáreas que quiere el municipio, es que la administración municipal pague el 50% del
costo de lo cedido, a un precio de 5 dólares el metro cuadrado, a través de obras de
urbanización como la conclusión del Libramiento Aeropuerto,[6]
una nueva vialidad y un colector. Los recursos para completar la cuota solicitada por los
inversionistas la pagará el municipio en efectivo.[7]
IV.- Posición de otros
sectores
Partidos
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), coincidieron en señalar que los
terrenos deben ser expropiados "en función del bien público".
PRI
Alfredo Cervantes García, presidente del Comité Municipal del PRI, dice que "es
necesario legislar para que legalmente sea imposible tener predios tan grandes";
señala que no es justo que los terratenientes pretendan vender al municipio a un costo
tan elevado los predios que adquirieron a un precio bajo. Agrega que no apoyan los actos
de expropiación, pero que la autoridad puede llevarlos a cabo.[8]
PAN
El coordinador de la mayoría panista en el Congreso, Pedro César Acosta Palomino, dice
que si el decreto de expropiación de una parte del Lote Bravo presentado por el municipio
de Juárez, cumple con los requisitos de ley, sí procede.[9]
Raúl García Acosta, presidente del Comité Municipal del PAN, argumenta que
independientemente de la continuación de las negociaciones para llegar a un acuerdo justo
entre municipio y terratenientes, debe investigarse si los exalcaldes impulsaron el
desarrollo urbano hacia sus propiedades.[10]
Manuel Carrasco, director de Fortalecimiento Municipal, considera prudente la
expropiación como medida para resolver graves problemas de rezago social, como es la
carestía de casas-habitación.[11]
PRT
En opinión de César Silva Montes, miembro del PRT, la necesidad de contar con reservas
territoriales no tiene vuelta de hoja y está por encima de los intereses de grupo; en
consecuencia, la expropiación es procedente.[12]
Iniciativa privada
Javier Esteban Pérez, director del Centro Empresarial de Ciudad Juárez (CECJ), señala
que todo ayuntamiento tiene necesidad de contar con reservas territoriales, con el
propósito de evitar el problema de las invasiones. Agrega que el ayuntamiento va a tener
que actuar conforme a la ley de expropiación, puesto que la norma así lo demanda.
Miguel Angel Calderón, director de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(Canacintra), dice que debe garantizarse el derecho a la propiedad privada, según lo
marca la Constitución, y que si por razón de utilidad pública se requiere afectar a un
propietario para obtener un terreno, debe hacerse por el proceso de indemnización y con
un precio justo, en base a lo que estipule un valuador oficial debidamente reconocido.
Añade que "no debe justificarse el acaparamiento de predios por parte de ninguna
persona o grupo social".[13]
Junta Municipal de Agua y Saneamiento
(JMAS)
José Mateos Torres, presidente de la JMAS dice que esta dependencia no está capacitada
para abastecer a corto plazo un posible desarrollo habitacional o industrial en el Lote
Bravo. Si el municipio compra o expropia y quiere fraccionar, deberá absorber el gasto de
instalación y correr el riesgo de no poder mantener el suministro.[14]
Sergio
Conde Varela[15]
Su tesis se centra en que los gobiernos del PRI y del PAN son una misma cosa: ambos vienen
de los organismos empresariales; todos están ayunos de democracia política y como
resumen, tienen los mismos fines: "no habrá expropiación, van a llegar a un
acuerdo".[16]
Rubén
Lau[17]
La situación de este grupo político económico es consecuencia del cambio en el mando
gubernamental y estatal. "Muchas veces se afirma que tal o cual persona es un
empresario visionario, cuando en realidad, sólo se trata de políticos que al amparo del
poder han aprovechado su puesto para emprender grandes negocios mediante la manipulación
de las obras públicas o del desarrollo urbano". "Si el PAN durara 40 años en
el poder, muy seguramente ocurriría lo mismo que hoy vemos con los grupos económicos
formados a la sombra del poder público", afirma.[18]
Cosme Rappa Gudiño
Rappa Gudiño señala que con Francisco Villarreal en el poder, los intereses de los
"nuevos industriales" se enfrentaron con los de los industriales de parques y
terratenientes, pues ya no se conforman con tener parques aquí y allá, quieren parte de
la "tajada grande".
El actual conflicto de “La guerra de las hectáreas” tiene algunas
características que se deben analizar antes de emitir un juicio:
1.-
No es una lucha local ni reducida a un pequeño lote, sino es una lucha regional, que va
lógicamente ligada a los planes de desarrollo de la vecina ciudad, lo cual es plenamente
reconocido por el Plan Director de El Paso, Texas. El desarrollo urbano de Santa Teresa,
la zona ecológica y el Lote Bravo, son los vértices que delimitan la zona disputada.
2.-
Esta guerra es una lucha económica, que nada tiene que ver con partidos, ni del PRI ni
del PAN; en ambos grupos hay gente de ellos, los cuales actúan como hermanos siameses
unidos por el bolsillo.
La zona que desde hace años se disputan y reparten ambos grupos se ubican desde Santa
Teresa hasta el Libramiento del Kilómetro 20 (donde se encuentran terrenos de Jaime
Bermúdez) hasta las avenidas Torres del PRI y Jilotepec, para llegar a la avenida Juárez
Porvenir, que es donde muchos afirman que termina, pero que en realidad continúa del lado
norteamericano hasta las Américas, para entroncar con la Montana y llegar nuevamente a
Santa Teresa.
Ambos grupos se acabaron la parte superior de la región, donde sólo queda un espacio
definido primero como reserva ecológica, luego como integración y en el que ahora la
administración municipal pretende hacer desarrollo habitacional. Es ahora cuando el
gobierno de Villarreal opta por llevar el crecimiento hacia el Valle de Juárez y ubicar
la zona de reserva en el Lote Bravo, para lo cual negoció durante seis meses en secreto y
sin consultar al Consejo de Planeación, en franca violación al Código municipal.
Finalmente, comjo no se llegó a ningún acuerdo, se rompió el diálogo y esto salió a
la luz pública.
Cosme Rappa dice que, irónicamente, la política de Villarreal con respecto a Santa
Teresa es la misma que aplicaron Jesús Macías y Baeza, quienes también se mostraron
contra la apertura de tal cruce, y en cambio apoyaron el acceso por Anapra. La postura de
Francisco Villarreal es en contra de que el predio Santa Teresa se desarrolle, so pretexto
de invasiones y falta de agua, cuando en realidad lo que trata de evitar es que la zona
donde se encuentran los terrenos de Bermúdez y de Quevedo se beneficien.[19]
Héctor Santana
El acaparamiento de tierras para su propio provecho, y no para el de la ciudad que
gobiernan, pone en las páginas de la historia de Juárez -y en forma por demás
destacada- a Jaime Bermúdez y Manuel Quevedo. Ambos, durante sus gestiones pudieron hacer
esto porque se les dejó; pero que hoy, con un gobierno panista al frente de la ciudad,
quedan desenmascarados como abusadores del poder. Otro exalcalde, Jesús Macías, no pudo
llegar a tanto porque no le cuajaron su proyectos, pero los intentos que hizo para
favorecerse a sí mismo y alcanzar a sus amigos, han tenido también repercusión en los
proyectos del mismo gobierno, lo que lo sitúa a la misma altura y lo hace contribuir con
una buena parte del desprestigio de un partido ya ampliamente desprestigiado, el PRI.[20]
Luis Ochoa Minjares
La guerra de las hectáreas puso de inmediato fuera de la lucha futurista a tres
prospectos que ambicionaban una senaduría: Jaime Bermúdez, Manuel Quevedo y Jesús
Macías. Política y moralmente quedaron incapacitados, independientemente de los
resultados finales del litigio, de una diputación federal o de algún otro puesto
público de relevancia y acorde con sus méritos políticos anteriores.
Eliminar en forma tan contundente a tres prospectos del partido oficial, no hace sino
favorable la ruta a don Luis H. Álvarez al Senado de la República, y tambitambién a su
compañero de fórmula -no se sabe si como suplente o como titular-, don Francisco
Villarreal. Y no batallará mucho para lograr sus propósitos si el PRI no toma al toro
por los cuernos.[21]
Francisco Barrio
El gobernador Barrio dice: "no creo que haya responsabilidad oficial en contra del
exalcalde Jaime Bermúdez, porque, que yo sepa, el compró esas tierras en el Lote Bravo
antes de estar en la administración pública”. Agrega que "esa operación de
compra, Jaime Bermúdez la realizó mucho antes de ser siquiera tesorero municipal. A mí
me consta, lo sé porque fui empleado de Bermúdez, porque me consta que tuvo una opción
de compra que mantuvo durante cinco años antes de realizar la operación, que fue como en
1979, por ahí […] pero que haya habido una operación ilícita, que haya habido
-como alguna gente incluso ha mencionado- por parte de Bermúdez o de Quevedo algo turbio,
que haya sido una operación en la que -como alguien ha pretendido decir-, que se
apoderaron ilícitamente de esa tierra, eso es una absoluta falsedad, a mi me
consta". En todo caso, lo que podría investigar es si se aprovechó la presidencia
municipal para orientar el desarrollo de la ciudad en una cierta dirección, y eso sería
lo más que se le pudiera imputar a Bermúdez y a Quevedo.[22]
V.-
Posición de los diferentes sectores frente a las declaraciones del gobernador, Francisco
Barrio Terrazas
Francisco Villarreal Torres
Ante el enorme interés público y la polémica que se despertó al salir a la luz
pública la necesidad de la actual administración de obtener reservas territoriales para
el desarrollo integral de la ciudad en los próximos años, un periódico de la localidad
entrevista a el presidente municipal sobre el problema; éste señala que el crecimiento
de la ciudad se llevará hacia donde hay terrenos planos y agua, por lo que es lógico que
se dirigirá hacia el sur y el oriente.
Al preguntarle sobre las declaraciones del gobernador en el sentido de que es injusto
acusar a Bermúdez y a Quevedo de que obtuvieron beneficios personales desde sus cargos
señala: “ A mí lo que me interesa es la finalidad de las hectáreas. No me quiero
erigir en juez de una situación que no es de mi competencia”. Añade que sólo trata
de resolver un problema social trascendental, que ninguna otra administración municipal
ha resuelto, ni en lo sustancial ni con visión a largo plazo.[23]
Partidos
PAN
Entre los dirigentes de el Partido Acción Nacional hay una notable diferencia de
opiniones referente al problema del acaparamiento de tierras, y sobre las declaraciones de
el gobernador ante éste. El presidente del PAN, Raúl García Acosta, indica: “Si
Francisco Barrio declara que es injusto acusar a Bermúdez porque los predios los
adquirió antes de ocupar el cargo de presidente, es porque seguramente le consta; lo que
es discutible, y debe ser objeto de una investigación, es si los exalcaldes orientaron el
desarrollo urbano hacia sus propiedades durante los periodos de Reyes Estrada, Manuel
Quevedo, Barrio o Macías".
El oficial mayor del PAN, Antonio Juárez, menciona que es desalentadora la postura del
Gobernador: "se quedó corto al decir que es injusto acusar a Bermúdez por el
acaparamiento de tierras; no cabe la menor duda que los ex alcaldes Jaime Bermúdez y
Manuel Quevedo se beneficiaron personalmente con el manipuleo de los planes de desarrollo
y el manejo de información privilegiada”.
Ramón Galindo, director de Desarrollo Social del muncipio, dice: “respeto la
opinión del gobernador del estado, pero de inmediato se percibe la injusticia social
cuando hay un acaparamiento de tierras y miles no tienen nada. […] el gobernador debe
tener sus razones para decir eso, pero Bermúdez no se distinguió precisamente por ser
honrado […] Injusto es que como empresarios planearan la compra de miles de
hectáreas y que como autoridades no se preocuparan en lo mínimo por prever la necesidad
de tierra para el municipio.[24]
PRT
César Silva, miembro del PRT señala: “Villarreal inició ‘pláticas’ con
Quevedo, y dijo que el crecimiento lo dicta la geografía; en otras palabras, no fue la
especulación: el inefable Pancho le dio el espaldarazo a Bermúdez. Fiel a la camiseta de
exempleado de don Jaime, contestó que no creía en las actividades especulativas del
exalcalde, haciéndose de la vista gorda con latifundistas, y así, la responsabilidad de
estos no aparece aunque fue presidente en un periodo intermedio; bien dicen que las
negociaciones lo curan todo”.[25]
VI.-
Postura de los partidos frente a la investigación
Después de las acciones propuestas por el gobernador, Jorge Manzanera Quintana,
presidente del PAN en el estado, señala que la dirigencia estatal del PAN presentará
ante el Congreso del Estado una petición formal para que se investigue la situación del
suelo urbano. "Hay sospechas de que, dentro de cuestiones políticas, las
presidencias municipales estaban siendo utilizadas para hacerse de terrenos, y orientaron
el crecimiento urbano hacia los mismos".[26]
CDP
Gustavo Arango, dirigente del CDP, señala que es positiva la propuesta del PAN ante el
Congreso del Estado, y dice "nosotros hacemos un llamado para que esa investigación
se haga en forma honesta, que no se haga de manera partidista y sólo para afectar a
quienes están en contra".[27]
VII.-
Otros actores
Ejidatarios de San Isidro
Víctor González, Domingo Olvera y José Rojas Rodríguez, presidente, secretario y vocal
del Comité Particular Agrario del Ejido San Isidro, acompañados del exdiputado federal
Hedeberto Galindo, presentan ante el secretario del Ayuntamiento los documentos que
poseen. Con ello hacen ver que son dueños de 3,678 hectáreas del Lote Bravo, y que no
están dispuestos a que el municipio se los arrebate para reserva territorial.
Domingo Olvera dice que desde 1984 comenzaron a tramitar la ampliación del ejido con este
lote que no estaba inscrito en el Registro Público de la Propiedad. En 1986 recibieron el
mandato de la Secretaría de la Reforma Agraria, concediendo la ampliación del ejido; en
él se encuentran asentadas familias de los 51 ejidatarios que hicieron la solicitud
original.
Escobar Prieto indica que se está investigando la propiedad en esos predios y que se
solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria un deslinde y verificación de la
propiedad; pero en opinión de la autoridad, son del patrimonio municipal y hay mucho
enmarañamiento jurídico que se debe aclarar.[28]
VIII.-
Propuesta del gobernador Francisco Barrio
El gobernador Barrio Terrazas informa que en breve promoverá reformas legales y
"quizá de tipo fiscal" para desalentar el acaparamiento y la especulación de
grandes extensiones de predios urbanos.[29]
Los directivos de los partidos PRI, PRD y FOC, aceptan la propuesta y coinciden en
señalar que existe la urgencia de legislar sobre la tenencia de la tierra en el área
urbana, para terminar con el acaparamiento y la especulación de grandes extensiones
territoriales.[30]
IX.-
Reunión oficial del municipio con los propietarios del Lote Bravo
En forma oficial y concreta, la administración municipal solicita la donación de 700
hectáreas ubicadas en el Lote Bravo a sus propietarios Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza,
Manuel Quevedo Reyes y César Verdes Sánchez. Esto ocurrió durante una reunión
totalmente privada, que duró cuatro horas y se llevó a cabo en las oficinas particulares
del alcalde Francisco Villarreal Torres, en la avenida de la Raza.
Abelardo Escobar Prieto, secretario del ayuntamiento, indica que la administración
municipal no ofrece nada a cambio, más que el beneficio que colateralmente recibirán
cuando sea creada la infraestructura y el equipamiento en ese sector.[31]
Los empresarios ofrecen analizar detallada y seriamente la petición que se les hace,
dicen que esperarán los informes sobre la infraestructura y equipamiento que pretende
crear el municipio, para determinar los posibles beneficios que pudieran tener si donan
esa superficie.[32]
X.-
Propuestas
Empresarios
A raíz de las negociaciones, Manuel Quevedo Reyes y Sergio Bermúdez Espinoza comprometen
50 o 60 hectáreas de terrenos para atender las necesidades de reserva territorial de la
actual administración municipal (en donde detentan predios con una superficie de 10,000
hectáreas); siempre y cuando se definan las obras públicas que se proyectan realizar en
esa zona, en qué plazo y de qué manera los va a beneficiar.[33]
Municipio
Abelardo Escobar Prieto señala que la postura del gobierno municipal es que los
terratenientes cedan 700 hectáreas como mínimo. Dice que el municipio tuvo una reunión
con el gobernador, y las indicaciones fueron de no ceder en la cantidad de tierra
requerida.[34]
La administración de las reservas territoriales se hará a través de un fideicomiso
integrado por el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y el Instituto Chihuahuense de
la Vivienda, para evitar que próximas administraciones municipales desvirtúen su uso y
destino.[35]
Vicente Cotera Hospital
Cotera, director de Planeación Municipal, dice que las propiedades que la administración
está negociando para reserva territorial al sur del Lote Bravo, no son acordes a los
proyectos de desarrollo que contempla la Dirección de Planeación del mismo municipio.
"Lo ideal sería que se estuviera negociando sobre tierras que se encuentran hacia el
Oriente, hacia el Valle, en el área paralela al río". Señala que hacia el sur
sería más caro llevar la infraestructura urbana, ya que se alejaría más del centro
urbano, de los mantos freáticos, del Valle y del río Bravo. Añade que se pretende crear
el Instituto Municipal de Planeación, que tenga personalidad y patrimonio propio, para
que sea éste quien proyecte el desarrollo y no esté sujeto a vaivenes o caprichos
políticos.[36]
Efraín
Medrano[37]
Apoyado por los urbanistas de la Dirección de Planeación, Efraín Medrano elabora un
proyecto en el cual señala que no hay inconveniente en desarrollar el Plan Parcial de la
Zona Sur propuesto por promotores de vivienda, aunque sí podría haber modificaciones
sobre uso de suelo y equipamientos urbanos. Para futuro crecimiento, después de
consolidar este plan parcial, lo ideal es prolongar el desarrollo hacia el Valle, en una
franja que no se separe del río más de 12 kilómetros. Este proyecto de estructura
lineal -delimitada en un lado por el río y por el otro con un ducto vial paralelo-
descalifica el desarrollo hacia el sur, donde los exalcaldes poseen miles de hectáreas de
las cuales el municipio espera que le donen 700.[38]
Productores rurales
La Comisión Nacional de Límites y Aguas (CILA) suprimirá para el año entrante el cruce
de la Acequia Madre por la ciudad, para lo cual reubicará la bocatoma en las afueras de
Zaragoza. Esto permitirá de paso una mejor irrigación en los cultivos del Valle, así
como el avance de los proyectos de urbanización hacia el oriente. Ello ha provocado que
para los propietarios de unas 1,700 hectáreas que integran la zona ecológica, la única
alternativa sea la venta y no la actividad agrícola. El presidente de los productores
rurales de Ciudad Juárez, Enrique Barrio, dice: "estamos destinados a desaparecer
por el cambio de la bocatoma. Ya no habrá más zona ecológica, lo único que resta es
que hagamos proyectos de urbanización, asociaciones, o planeemos la venta de nuestros
terrenos. […] aquí tenemos todo: agua, luz, drenaje… Todo saldría mucho más
barato si se urbanizara el oriente, y nosotros estamos totalmente dispuestos a participar
en el desarrollo".[39]
Cosme Rappa
Se ha anunciado que pronto se cancelará el transporte de agua por la Acequia Madre.
Debiera ser una ganancia el poder contar con los terrenos que quedarán vacantes; estos
son 24,000 metros de largo por 32 de ancho, por el derecho de vía, lo que hace unos
770,000 metros cuadrados, o sea, unas 77 hectáreas de lotes que atraviesan todas las
zonas de la ciudad, desde Anapra, hasta zonas residenciales y comerciales.
Si comparamos estas superficies con las que están ofreciendo los acaparadores de la zona
sur, concretamente Quevedo y Bermúdez en el Lote Bravo, es superior esta superficie; sin
embargo, no se le ha dado la publicidad que amerita, incluso su valor debe de ser muy
superior al de la zona del Lote Bravo.[40]
Arturo Chaparro
“Los problemas habitacional y de falta de reserva territoriales del municipio, tienen
una viable solución inmediata y a largo plazo: a los dueños de los parques industriales
se les puede exigir que destinen un espacio para construir las viviendas de un porcentaje
de los obreros a los que dará ocupación”.[41]
Ejidatarios de Zaragoza
El ejido Zaragoza ofrece al municipio 170 hectáreas de tierras suceptibles de utilizarse
para reserva territorial. Están ubicadas en un sector que ya cuenta con infraestructura
urbana (tendido de energía eléctrica en algunas zonas y agua potable). El acuerdo para
vender las 179 hectáreas se logró en una asamblea general realizada el primero enero del
presente año, y fue validado ante el notario público número 21, Samuel Martínez, en
presencia del director de Obras Públicas del Municipio, Arcadio Serrano.
Porfirio Silva, presidente del Comisariado Ejidal de Zaragoza, considera que el
ofrecimiento de estas tierras ejidales al municipio a un precio de ocho dólares el metro
cuadrado, es una mejor opción que la donación de las 700 hectáreas que se ha estado
pidiendo a los exalcaldes Jaime Bermúdez y Manuel Quevedo. Hasta ahora, el gobierno
municipal ha rechazado la oferta del ejido, que cuenta incluso con un proyecto de
lotificación y urbanización y el ofrecimiento de facilidades de pago conforme se realice
su venta. Silva dice que no existe ningún interés del municipio por estas tierras porque
existen intereses que encaminan el crecimiento de la ciudad hacia el Lote Bravo y el
suroriente de la ciudad, propiedades de grandes terratenientes.
Por su parte, Arcadio Serrano, director de Obras Públicas del municipio, dice que la
oferta de tierra que hicieron los ejidatarios de Zaragoza no fue tomada en cuenta porque
el precio es muy alto. Indica que el municipio definitivamente no les comprará porque
ofrecen el metro cuadrado entre 50 y 60 nuevos pesos (16 a 20 dólares), mientras que que
están recibiendo la oferta de donación de las 700 hectáreas al suroriente de la ciudad.[42]
El arquitecto Manuel López Po [43] señala
que el nuevo proyecto que promueve el municipio pierde el rumbo del crecimiento que se ha
buscado desde 1979, y que no ha dejado de observarse a lo largo de estos años. Menciona
tres puntos fundamentales en el análisis de la situación:
1.-
En Juárez no se debe alentar el crecimiento hacia el poniente de la ciudad, debido a que
la dotación de servicios a la comunidad, aparte de difíciles, son casi imposible.
2.-
El crecimiento debe orientarse hacia el sur, ya que no es conveniente acabar con la
actividad productiva, que incluye la llamada zona de integración ecológica.
3.-
Descartadas las posibilidades anteriores, se debe de crecer hacia el sur y suroriente, en
forma paralela a la zona agrícola de Ciudad Juárez.[44]
David Arelle Seargent [45]
afirma que el desarrollo natural del municipio es hacia el sur y no hacia el suroriente.
Ésto es en base a que las tierras del suroriente son agrícolas, corren paralelas al río
Bravo y es deseable que se sigan conservando para hacer de ellas el pulmón que requiere
la ciudad; eso ha sido contemplado en los planes parciales de desarrollo que se han
elaborado.[46]
XI.-
Posturas de los periódicos Diario de Juárez y Norte ante el problema
Dos periódicos de la localidad aparecen como grandes actores en el desarrollo de este
problema de crecimiento de la mancha urbana en Ciudad Juárez, ya que ambos sostienen
posiciones muy diferentes ante el problema y esto influye en el tipo de información y
tinte que les dan a las notas sobre el caso.
Diario d e
Juárez
Por su parte, Diario de Juárez señala que un periódico local ha iniciado la
publicación de un reportaje, en el que se describe parte la larga serie de decisiones
tendientes a acrecentar la plusvalía del Lote Bravo; sin embargo, excluyen las obras que
en beneficio de esa zona urbana ejecutó Francisco Barrio Terrazas durante su ejercicio
como presidente municipal en 1983-86. Barrio había laborado para el Grupo Bermúdez y
llegó a formar parte de la administración de Manuel Quevedo en calidad de jefe de
Sistemas del Gobierno Municipal 1977-1980.
La disputa entre el presidente municipal Francisco Villarreal y el grupo de promotores
encabezados por el exalcalde Jaime Bermúdez, ha derivado en la toma de una decisión que
se antoja caprichosa: por una malograda sociedad comercial nacida hace diez años, ésta
se convierte ahora en la pugna que dictará la orientación de la mancha urbana.[47]
La estrategia del municipio apunta hacia un solo fin: dejar sin posibilidad alguna los
terrenos de Jaime Bermúdez. El primer acto de presión para que ceda más de 4,000
hectáreas que requiere el municipio, ha sido dejar sin efecto el Plan Parcial de
Desarrollo de la Zona Sur, que abría extensos predios de Quevedo y Bermúdez (3,400
hectáreas) al desarrollo urbano, y establecía todo para que se iniciara su equipamiento
con cargo al erario público, ya que no fue inscrito en el Registro Público de la
Propiedad.[48]
Con este proyecto congelaron 20 proyectos habitacionales, en los que no solamente están
los mencionados personajes, sino incluso empresarios panistas como Gregorio Miranda, quien
tiene un predio para construir mas de mil viviendas.[49]
Habría que tomar en cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social, y concretamente el
Plan Integral Ambiental Fronterizo, le canceló la partida económica para la adquisición
de 300 hectáreas: "no me dan, yo las consigo..."
[50] Esta
lucha para obtener reservas territoriales es determinate, porque tal parece que se quiere
programar el desarrollo no para 10 o 20 años, sino para 50 o más.
Simplemente, aplicando presiones políticas se quieren adquirir 700 hectáreas, que
permitirán atender las necesidades de 35 mil familias, con una población estimada en 175
mil personas. Pero eso no es todo, desarrolladores de vivienda y ejidatarios del ejido San
Isidro se disputan el predio y buscan hacerse de las 3,400 hectáreas que lo conforman,
además de las 2,000 hectáreas correspondientes a predios ubicados en la colonia Emiliano
Zapata y en las inmediaciones del CERESO. Esto suma ya 6,100 hectáreas, que permitirán
tener reservas para 305,000 familias, si se considera que en cada hectárea pueden
asentarse 50 familias. Esto nos daría una población de 1,677,500 personas, es decir,
más de la mitad de la población actual del municipio.[51]
Norte
En contraste al Diario de Juárez, la postura del periódico Norte ha variado durante el
desarrollo del problema. En una primera etapa, su posición fue denunciar sólo los hechos
cometidos por los exalcaldes Bermúdez, Quevedo y Macías. En una segunda etapa, lanza una
serie de editoriales críticos hacia la postura que la presente administración municipal
y estatal ha tomado frente al problema.
A lo largo de 14 años, desde que se elaboró el primer Plan de Desarrollo Urbano, éste
ha ido ajustándose a la medida de los intereses de los exalcaldes Manuel Quevedo y Jaime
Bermúdez (a excepción de los cambios efectuados en 1984, bajo la gestión de Barrio). El
primer Plan fue elaborado en la gestión de Quevedo en 1979, poco más de un año después
de que él y Bermúdez habían adquirido las primeras 7,000 hectáreas del Lote Bravo.
Este Plan orientaba el crecimiento hacia la zona sur.
Pero se olvidaron de generar una oferta pública en la que el suelo fuera suficiente para
beneficiar a la gente de escasos recursos económicos. Los exalcaldes llevaron en el
siguiente trienio su estrategia hasta la elaboración y aprobación de un Plan Parcial de
Desarrollo, que convierte la urbanización de 3,400 hectáreas de su propiedad, en un
asunto de interés público, bajo la administración de Jesús Macías Delgado.[52]
El cambio de las administraciones municipal y estatal no ha traído aparejado un nuevo
panorama, al menos en el aspecto de desarrollo urbano. Esta falta de voluntad política
pudiera considerarse una falla aún más grave que en anteriores administraciones, ya que
las actuales asumieron el poder con una serie de compromisos, que no están dispuestos a
cumplir a la hora en que se topan con poderosos intereses que sostienen el actual sistema
de cosas.
La estrategia seguida hasta ahora por ambas administraciones tiene dos características
básicas: la incapacidad para pasar del nivel declarativo o discursivo al terreno de las
acciones concretas, y la pretensión de implementar soluciones que dejen satisfechos a
todos. Aunque la negociación ha sido cubierta por un velo de misterio, puede afirmarse
que el gobierno municipal ha perdido la partida aún antes de iniciarse. Su fracaso se
debe a que cometió el grave error de desechar sus principales armas.
Por un lado, las autoridades municipales -al parecer siguiendo instrucciones del gobierno
estatal- , descartaron de antemano la expropiación. También se negaron ambos gobiernos a
investigar y esclarecer la responsabilidad que cabría por la evidente manipulación de
los Planes de Desarrollo, así lo indica el hecho de que la investigación que el líder
estatal del PAN aseguró que pediría al Congreso local, se halla inexplicablemente
congelada y ni siquiera se ha formulado, pese al compromiso público de Jorge Manzanera.
Tanto Barrio como Villarreal decretaron arbitrariamente un "borrón y cuenta
nueva", con la pretensión ingenua de despertar la generosidad de quienes se han
distinguido por su voracidad y su falta de escrúpulos. Bajo las actuales circunstancias,
si el gobierno municipal y estatal llegan a cualquier tipo de acuerdo con quienes se han
servido del poder para enriquecerse, ya sea aceptando un donativo que comprometa obras
públicas y decisiones en materia de desarrollo urbano, o comprando una parte de esos
predios, lo único que estarán haciendo es legitimar la corrupción.[53]
Artículo publicado en Síntesis
de Información Periodística. María del Socorro Velázquez y Rosalba Vega,
“Historia del Lote Bravo”, reporte temático, Unidad de Estudios Regionales,
Ciudad Juárez, Chihuahua, julio de 1993, núm. 1.
